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Piden endurecer sanciones por daño ecológico

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Piden endurecer sanciones por daño ecológico

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Diputados priistas, del PRD, de los partidos Verde y del Trabajo (PT) se pronunciaron por modificar el marco legal en materia ambiental para hacer más estrictas las sanciones a las empresas que provoquen daños ecológicos, así como para su reparación.
 
Incluso no descartan que en la modificación de las leyes en esa materia se considere el retiro de concesiones en caso de que sucedan incidentes de que afecten el ambiente.
 
El presidente de la comisión especial de seguimiento al derrame en el Río Sonora, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, adelantó que el informe que se concluirá este viernes va en el sentido de que Grupo México mintió y el daño es muy considerable.
 
Ante ello, indicó, el gobierno federal debe apoyar al Legislativo para endurecer la ley bajo el principio básico de que quien contamine pague.
 
“Cuando una compañía contamina tiene que suspender sus actividades hasta en tanto se evalúen los daños y se establezcan los montos por los que se tienen que reparar la afectación, tanto a la ecología como a los aspectos económicos y sociales de la gente”.
 
En entrevista, comentó que la recomendación que se hará al pleno el 17 de septiembre próximo va en el sentido de proponer una legislación que detalle los pasos a seguir cuando se presente un caso de esa naturaleza.
 
Las sanciones deberán incrementarse, porque hasta ahora la ley da un cierto margen de multas “irrisorias”, enfatizó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) .
 
Tenemos que proponer que por lo pronto haya un Fondo de Desarrollo Regional, manejado por un comité de autoridades locales y pobladores, para que se reimpulse la economía de la zona y se garantice que los daños serán resarcidos.
 
“En esto tenemos que ser muy duros en el Legislativo, sentar un precedente por todas las actividades que puedan tener este tipo de afectaciones al ambiente”, recalcó.
 
Por separado, Arturo Escobar y Vega, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro, afirmó que de comprobarse que hubo negligencia y omisiones de la minera Grupo México en Sonora, se le debe imponer la sanción máxima prevista en la ley.
 
“Lo que más le interesa al PVEM es garantizar que la empresa subsane los daños ocasionados a los 22 mil habitantes” y se atiendan las afectaciones al ambiente, pues las consecuencias producirán estragos los próximos cinco años.
 
A su vez, Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró que la empresa debió suspender actividades, mientras se conoce a detalle y se tienen los elementos para una determinación del caso.
 
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) descartó que el gobierno federal no esté actuando como es debido en el caso, pero consideró que la ley carece de la contundencia necesaria para la aplicación de sanciones en casos de esa índole.
 
En ese sentido, Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de la bancada priista, insistió en que la sanción contra Grupo México debe ser ejemplar, e incluso “se le debe cancelar la concesión, por negligencia”, y por mentir.
 
La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, adelantó que el informe contiene recomendaciones en dos sentidos: sobre la responsabilidad del Grupo México, y la necesidad de ajustes a las leyes Minera, de Medio Ambiente y a normas relacionadas con los derrames.
 
Criticó la “indolencia” del Grupo México por no avisar de manera oportuna a la autoridades sobre el derrame, mentir e incumplir las normas básicas de seguridad.

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